Ensayo: Planificación multiescalar participativa

 

Lectura: Planificación multiescalar participativa

Autor: CEPAL

Según la CEPAL, la planificación multiescalar se considera “como expresión de objetivos, estrategias y/ o prioridades que se desarrollan entre niveles del Estado, bajo la lógica de una coordinación y articulación coherente, alineada e integral”.

Sin embargo, los nuevos modelos de gobernanza requieren que dicha planificación no se dé únicamente entre instancias estatales a nivel nacional, regional, local, etc, sino, que trascienda la toma de decisiones desde nivel de jerarquías hacia el involucramiento de la participación ciudadana.

La participación ciudadana es un derecho fundamental del ser humano y debe estar basada en una ciudadanía soberana que tiene la posibilidad de elegir quién le represente, que tenga la conciencia de que es un sujeto de derecho frente al Estado y que requieren ser tratados por igual ante la ley.

Con relación a lo que plantea la teoría y lo que ocurre en la práctica en nuestras sociedades, considero que hay un vacío no sólo de conocimiento teórico sino de aprehensión de lo que implica la participación tanto desde la institucionalidad como de la ciudadanía misma.

Considero que falta formación cívica, al menos a nivel nacional y local en Costa Rica es un tema que requiere de atención, esto se ve reflejado en el abstencionismo en las elecciones tanto del gobierno nacional como local, producto de muchos factores entre ellos la desinformación, la falta de compromiso como ciudadanos(as), el desinterés, la apatía quizá por experiencias con anteriores gobernantes, etc.

Sin embargo, el no conocer los derechos y los deberes ciudadanos, hace que las personas responsabilicen a otras de las consecuencias negativas y no asuman sus propias responsabilidades, si la ciudadanía comprendiera que en los procesos de participación está haciendo valer su voz y su voto, y que en la elección de gobernantes está “firmándole un cheque en blanco”, depositando su confianza para que tome las riendas del país,  y se comprendiera además, que somos responsables desde nuestros pequeños espacios con nuestro accionar para que el país avance por un buen camino, todo funcionaría de manera diferente.

Esto último es lo que el autor refiere cuándo habla de la relación de la ciudadanía y el poder, ya que, el poder no solo está en la representación jerárquica, sino que dentro del rol que cada actor desempeñe en la sociedad, así también representa su cuota de poder, de manera que la participación es poder de decisión.

La falta de formación cívica lleva a los habitantes de mi país a relacionar la democracia con la posibilidad de ejercer un voto electoral cada cuatro años, sin embargo, se olvida que la democracia está en la cotidianidad de nuestras vidas y que es importante trascender el individualismo de pensar solo en el beneficio propio, a reconocer que somos seres aislados y que es necesario la defensa de intereses de todo aquello que nos afecta, nos interesa y nos impacta a todos.

Uno de los aspectos trascendentales que señala el texto es la transparencia y el acceso a la información, lo cual es de suma importancia en los procesos de participación ciudadana y que está relacionado a lo que anteriormente menciono como la falta de formación cívica. Es notorio ver y escuchar a las personas referirse a acciones propias del gobierno central o local, sin una visión crítica y analítica, sino retórica de los enfoques de odio que se divulgan por medio de las redes sociales o medios de comunicación y esto está relacionado con la falta de información de cómo opera la estructura de los gobiernos nacional y local, así como sus respectivas competencias.

Un ejemplo de las exigencias por desconocimiento es lo que está sucediendo en el país actualmente, a pesar de que recientemente se realizaron las elecciones presidenciales, aún no se ha elegido el próximo gobernante por no alcanzar el porcentaje requerido, lo que implica una segunda ronda de elecciones. Sin embargo, en este momento las personas se preocupan más por la elección del Presidente de la República que por los y las diputadas de la Asamblea Legislativa, siendo éste el grupo de personas encargadas de aprobar o desaprobar las leyes que regulan el país y ya éstas personas fueron nombradas en la primera ronda electoral, luego se le atribuye al Presidente acciones que no le corresponden sino a la Asamblea Legislativa dónde nunca hubo interés por saber quiénes la integrarían.

La desinformación también lleva a prácticas confusas relacionadas con la organización ciudadana. La organización es un derecho ciudadano, lo que significa que ninguna persona puede ser obligada a organizarse y tampoco puede permitir que se limite su posibilidad de hacerlo, sin embargo, el desconocimiento sobre esto lleva a muchas personas a formar parte de organizaciones conformadas por personas inescrupulosas, que con sus fines de lucro pretenden agrupar a familias para la supuesta lucha por la consecución de las políticas sociales, convirtiéndose para las personas en experiencias de engaño y de estafa.

De ahí la importancia de que la información que emitan las instituciones sea oportuna, entendible, actualizada y completa para la ciudadanía, pero también debe existir responsabilidad en la ciudadanía en cuanto a la búsqueda y recepción de la información que les aporte herramientas importantes para la participación no solo informativa, sino que trascienda a una participación decisoria en la toma de decisiones y de cogestión, dónde asuman roles de implementación y seguimiento de las políticas en su territorio.

La dinámica actual en los territorios demanda de una planificación multiescalar en la toma de decisiones, escalas que contemplan la participación del Estado, la sociedad civil y el sector privado, dónde la coordinación y articulación de estos, permita planificar estrategias de desarrollo de los territorios ajustadas a sus intereses y particularidades.

La lectura hace mención de que los procesos de planificación en los territorios debe contemplar una serie de variables como la etnia, la edad, la cultura, la posición económica y el sexo. Sin embargo, considero que esta segregación de variables en la especificidad para la generación de acciones de política pública no se tiene tan claro y tienden a convertirse en herramientas de polarización de la población.

Sucede tanto a nivel de gobierno local como nacional que la incorporación de estas variables en la elaboración de instrumentos de política pública generalmente es utilizada por cumplir con los compromisos asumidos en convenios internacionales y no necesariamente enfocados en una necesidad de atención de sus intereses y necesidades particulares.

Tres ejemplos del país sobre esto en cuando a etnia, edad y género. En el tema de la población indígena, existe legislación que poco a poco se ha ido particularizando para el acceso a subsidios del Estado que se adecúen a su cosmovisión. Sin embargo, existe aún, un distanciamiento entre el habitar indígena y la comprensión de esta población para con la dinámica estatal y viceversa, esto conlleva a que las intenciones de acercamiento y diálogo sean en ocasiones infructuosas, los territorios indígenas exigen atención del estado, pero cuándo éste pretende intervenir, éstos exigen su propia autonomía en su territorio, entonces en ocasiones se dificulta el consenso.

En cuanto a la edad, nuestros territorios están un proceso de transformación demográfica, dónde la cantidad de población adulta mayor es cada vez más significativa, sin embargo, se hacen acciones de política pública partiendo de la vulnerabilidad que representan, pero desde un punto de vista asistencialista y sin proyección a futuro, a nivel estatal y local no parece estar habiendo interés necesario en la implicación que conlleva no solo para la población adulta mayor sino para el país en general y en las dinámicas territoriales, que la población sea conformada cada vez por mayor cantidad de población adulta mayor y se continúa estereotipadamente relacionando la vejez con la enfermedad, deterioro, intransigencia e improductividad.

En tema de género es un tema también de confusión en la gestión de política pública del país y a nivel local, porque falta claridad de lo que implica el género y se ha relacionado directamente con la atención de las mujeres, por lo que, hablar de género para la mayoría es sinónimo de mujer, de modo que, cuando se pretende hablar de la transversalización de género se confunde, y se relaciona directamente con fortalecer el apoyo y la protección a las mujeres, generando polarización de la población.   

En este sentido hablar de género en cualquier dimensión del accionar estatal, es repulsivo en la ciudadanía y en los funcionarios públicos principalmente masculinos porque lo ven como una amenaza en su contra. Para muestra, lo que está sucediendo actualmente en las elecciones presidenciales, uno de los candidatos fue cuestionado y procesado por temas de abuso sexual, hoy, la dinámica del país gira entorno a este tema dónde existe una sociedad polarizada entre aquellas personas defensoras de los derechos de las mujeres, pero, por otro lado, una sociedad machista que ve como normal las conductas de acoso contra las mujeres y les parece que no es un tema de relevancia para la ciudadanía.

De este modo, para que exista una verdadera participación ciudadana, no en beneficio individual, sino en beneficio colectivo, se requiere mayor sensibilidad humana, se requiere entender que no somos seres aislados, sino que somos parte de un colectivo y que las decisiones que se toman no son ajenas a nosotros(as), sino que nos impactan de diferentes maneras.

La planificación multiescalar requiere romper las barreras de las relaciones existentes entre los diferentes actores del territorio, esto implica la sensibilidad y la comprensión de que todos son actores importantes para el funcionamiento del territorio, y que a pesar de que cada quién tiene sus roles y competencias establecidas, debe existir una relación simbiótica para orientar el territorio hacia los mismos objetivos estratégicos.

La segregación poblacional y sectorial en la toma de decisiones, en cuanto a la formulación e implementación de políticas o programas exclusivos, no genera más que desigualdad en el acceso al derecho de la ciudad, y por tanto, se requiere mayor atención y comprensión en el tema de derechos humanos como eje transversal en la generación de herramientas de política pública.