Ensayo sobre Gobierno Nacional y Gobierno Municipal

 

Ensayo sobre Desarrollo del Gobierno Nacional y Municipal en los últimos dos períodos en Costa Rica

 

En Costa Rica, los dos últimos períodos de administración del país han sido un poco convulsos. Tradicionalmente, han existido dos partidos políticos: el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), los cuales gobernaron el país por más de 30 años de manera consecutiva.

En el año 2014, en la búsqueda de “un cambio”,  los y las costarricenses decidieron en elecciones populares, que fuera el Partido Acción Ciudadana (PAC) quién gobernara el país, durante 2014-2018, el cambio no fue tal como lo esperaba la ciudadanía y a pesar de la disconformidad sobre la administración de ese período,  el PAC volvió a gobernar en el período 2018-2022.

Basado en el artículo 9 de la Constitución Política del país dónde indica que el “Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable”, la administración 2014-2018 enfatizó en que su administración estaría basad en dar un verdadero protagonismo a la ciudadanía. Dicha administración se enfocó en desentrabar proyectos de infraestructura de obra pública como puentes, carreteras para mejorar la movilización a nivel país, en la defensa de los derechos de los animales y de las personas LGTBIQ+, políticas para mejorar la recaudación de impuestos,  así como hacerle frente a situación de reactivación económica y la reconstrucción de comunidades en temas como carreteras, acueductos, electricidad, escuelas, viviendas, albergues, etc. producto de los desastres ocurridos por el Huracán Otto.

La administración 2014-2018 estuvo basada en populismo ya que, había una presión de no “desilusionar” a la población que le eligió pensando en un cambio y en un debilitamiento de acciones de corrupción, esto le demandaba la necesidad de simpatizar con la ciudadanía. Sin embargo, contrariamente, su administración no logró acercar a actores, ni articular sectores, lo que generó roces entre la población misma y entre la población y la institucionalidad.

Implementó programas de asistencia social para apoyar económicamente a familias de escasos recursos e intentó articular acciones entre las instituciones públicas dirigidas a canalizar esfuerzos hacia dicha población, sin embargo, esto fortaleció el asistencialismo en la población, ya que estaba enfocados únicamente en dar subsidios a las familias.

Sus acciones siempre fueron decisiones dadas desde las jerarquías institucionales, desde los niveles de decisión política por lo que, el protagonismo ciudadano no fue tal cual se enunciaba en la campaña. Un de las principales quejas hacia dicha administración, es que sus acciones hicieron incrementar el gasto público.

En la administración 2018-2022, aunque cambiaron las personas, el partido fue el mismo, por lo que le dio continuidad a proyectos ya iniciados en la administración anterior, principalmente de obra pública y se enfocó en plantear políticas de índole sanitaria para la atención de la pandemia por COVID-19 así como esfuerzos de reactivación económica.

Dicha administración ha orientada en proponer proyectos de ley para fortalecer las finanzas públicas, el tema que principalmente ha causado diferencias entre sectores, entre la institucionalidad y la ciudadanía, entre Poderes de la República por intereses particulares de cada uno de los actores.

Para esta última administración hubo un doble reto, no solo resolver temas históricos del país en cuándo al tema de la economía y los recursos públicos, sino a la crisis en diversos sectores producto de la pandemia y al igual que la administración anterior, ha demostrado dificultad para entablar una comunicación asertiva y un acercamiento real con la ciudadanía.

Por su parte, el artículo 169 de la Constitución Política indica que “la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón estará a cargo del Gobierno Municipal” instancias cuyo presupuesto depende de los pagos de los contribuyentes, es decir el pago que realiza la ciudadanía de los servicios que ofrece la institución y los impuestos de bienes inmuebles de las propiedades.

El Gobierno local, en este caso me voy a referir a la Municipalidad del cantón de Montes de Oca, de la provincia de San José, su administración ha estado en manos del mismo alcalde por dos periodos consecutivos, una administración que se ha preocupado más por ajustes de la estructura interna de la institución que por los aportes que pueda generar en el territorio.

Ha realizado algunos intentos de mejoramiento de infraestructura en el territorio, sin embargo, denota que no son inversiones públicas sostenibles porque se percibe que su objetivo único es la construcción de obra, como por ejemplo aceras, colocación de cámaras para la seguridad, sembradío de plantas en las áreas públicas, siendo que, en el corto tiempo, el deterioro de estas es evidente por su falta de mantenimiento.

En el artículo 18 de la Constitución Política se menciona que “los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir con gastos públicos”, comparando lo establecido en este artículo, con lo que se vive en la realidad, podría decir que hay algunos elementos que aún faltan para que esto realmente pueda gestionarse.

Por un lado, me parece que las administraciones, tanto del Gobierno Central como del Gobierno Municipal les falta realmente pensar más allá de gobernar y pensar en la gobernanza. Aún se sigue gobernando desde un enfoque unidireccional, dónde las decisiones que se toman son desde el escritorio, siendo propuestas meramente jerárquicas y no necesariamente partiendo de procesos de diálogo con los diferentes actores del territorio.

Es posible ver la falta de planificación no sólo en materia de ordenamiento territorial, sino en cuanto a la inversión de recursos públicos tanto del gobierno central como de los gobiernos locales, falta la visión de objetivos país al momento de realizar inversión pública, que permita articular los esfuerzos para la generación de verdaderos impactos en el territorio.

Sigue existiendo en la forma de gobernar la preocupación por la cantidad de obra física construida y no por la calidad de esta, y cuándo hablo de calidad, me refiero a planificar, dar seguimiento y evaluar que la inversión esté contribuyendo a la satisfacción en las dinámicas territoriales.

Las personas que han formado parte de las dos últimas administraciones, bajo esa “presión” del cambio requerido por la ciudadanía, han utilizado en la retórica mensajes de llamado a la acción, a la participación en los procesos de construcción de política pública, sin embargo, la institucionalidad es débil en cuando a mecanismos de participación ciudadana, los espacios de diálogo con la ciudadanía no son parte de las prácticas planificadas y con financiamiento para las instituciones.

A pesar de que la participación ciudadana es un derecho establecido desde la Constitución Política, no se hace verdaderamente partícipe a las personas en la construcción de herramientas de política pública y en seguimiento de éstas.Esto demanda una comunicación más directa, transparente, inclusiva entre la institucionalidad y la población.

Cabe destacar que muchas veces es una interpretación a conveniencia de lo que puede implicar la participación ciudadana, ya que muchas instituciones pueden justificar que cumplen con dicho enfoque de administración a partir acciones puntuales como la colocación de un buzón de sugerencias, la creación de una oficina de contraloría de servicios, departamentos de promoción social, informes de rendición de cuentas, uso de redes sociales, sin embargo, se convierten en medios para quejas y denuncias o para hacer a la población simple depositaria de información.

Los mecanismos de comunicación también se vuelven importantes para la institucionalidad, para generar confianza en su quehacer, para que la población tenga conocimiento sobre en qué se invierten los recursos públicos, para que motive a la población a ser responsable con los aportes económicos que les corresponde, pero también que permita impulsar el fortalecimiento del capital social y de los recursos existentes en el territorio.

No todo el accionar de los gobiernos debe ser obra física, sino aportar recursos intangibles en la población, que les permita también generar capacidades de autogestión y asumir la responsabilidad de desarrollar el territorio. El liderazgo territorial es un vacío notable, porque el rol paternalista de Estado aún es predominante.

El tratamiento de la pandemia, a pesar de ser una situación desconocida no solo nacional sino internacionalmente, permitió al gobierno nacional y local improvisar, innovar, en distintos ámbitos de política pública, por ejemplo en medidas sanitarias, regulación del comercio, la movilización, uso de espacios públicos, otorgamiento de subsidios, prácticas culturales, medidas educativas, muchas de ellas que posiblemente dejarán de ser temporales y se convertirán en acciones permanentes porque dieron impacto positivo al país.

Por su parte, las dinámicas territoriales, las organizaciones locales también experimentaron improvisación e innovación, generando nuevas fuentes de ingreso, nuevas formas de relaciones familiares, nuevas redes locales, usos diferentes de la vivienda y de los espacios públicos, formas distintas de interactuar, de recreación y ocio. Nuevas prácticas que deberían ser de valoración por parte de los gobiernos locales para apoyar en el fortalecimiento de aquellas buenas prácticas que podrían quedarse en permanencia en el territorio.

En Costa Rica, actualmente estamos en el período de cambio de la persona que asumirá la presidencia de la República, y tendrá grandes retos económicos, ambientales, políticos, pero además sociales. Uno de los restos principales es como generar verdaderos procesos de gobernanza, cómo promover la co-construcción, la responsabilidad compartida entre personas, organizaciones locales, sectores para articular las acciones hacia objetivos país.

Es un reto porque la pandemia vino a marcar un antes y un después y se requiere hacer una evaluación exhaustiva de lo acontecido y las nuevas transformaciones territoriales para tomar decisiones asertivas, y los gobiernos locales deberían trabajar de manera articulada con el gobierno central.

Otro reto que tendrá la nueva administración será la forma en que quedará conformada la Asamblea Legislativa, la cuál está fragmentada en representación de diferentes partidos políticos, ya que para las elecciones hubo 25 candidatos y candidatas presidenciales. Esa fragmentación hace que los diversos intereses partidarios puedan obstaculizar la aprobación de proyectos de ley que fuesen importantes para el país.

Lo anterior, porque aún falta conciencia en las figuras partidarias, que se gobierna para la población y que debe hacerse con la población y no para complacer intereses particulares.

A pesar de que existen mecanismos de participación, es necesario fortalecerlos y que la ciudadanía los haga propios, fortalecer la motivación de participación de los diferentes actores del territorio, pero además, de que las personas que tienen la intención de gobernar tanto a nivel nacional o local cambien sus paradigmas impositivos, de interés de un color político, den mayor valor a los recursos del territorio, erradiquen el asistencialismo y promuevan una ciudadanía, activa, comprometida, propositiva que sea partícipe de la construcción de su propio habitar.

 

 

 

Referencias

Gobierno local Montes de Oca, 2020. Informe de rendición de cuentas. San José, Costa Rica.

Legislación nacional: Constitución Política de la República de Costa Rica. (1948). Costa Rica.

Presidencia de la República, (2018). Rendición de cuentas, tomado de https://www.presidencia.go.cr/comunicados/tag/rendicion-de-cuentas/