Marco Teórico

 

La planificación del territorio desde los desafíos del envejecimiento de la población: una mirada prospectiva del cantón de Montes de Oca, San José, Costa Rica

 

MARCO TEÓRICO

 

La vejez y el envejecimiento son dos fenómenos que tienen una relación intrínseca pero que no significan lo mismo. Hacer referencia a la vejez, es centrarse en una de las etapas de la vida, donde el ser humano ha llegado a su madurez, producto de una gran cantidad de experiencias adquiridas durante las etapas anteriores, considerándose como la etapa final del proceso de envejecimiento. En suma, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2016), define la vejez como una construcción social de la última etapa del curso de vida.

Por su parte, el envejecimiento es un proceso gradual a lo largo de la vida de las personas, de manera que es irrenunciable e irreversible, que genera transformaciones no solo a nivel físico e individual sino en la relación de éstas con su entorno.

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2016), lo define como un proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psico-sociales y funcionales de variadas consecuencias, las cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio.

El Ministerio de Comunicaciones de Colombia (2004), define el envejecimiento individual como “un proceso de cambio permanente que comienza con la vida y termina con la muerte; equivale a vivir cada día más tiempo. En tal sentido todos –niños, jóvenes y adultos– envejecemos, desde la concepción, los 365 días de cada año. Implica la presencia ininterrumpida de ganancias y de pérdidas. Depende de condiciones tanto genéticas como ambientales, y se relaciona muy particularmente con el contexto histórico, económico, político y socio-cultural en el cual se vive; así como con los comportamientos individuales, familiares y sociales”.

A pesar de que el envejecimiento es un proceso natural, éste se experimenta de manera diferente en cada una de las personas debido a aspectos fisiológicos, habilidades, capacidades, destrezas, situación económica y cultural, redes de apoyo, historia de vida, en fin, las condiciones propias del habitar y su sentir-pensar en relación con éstas.

De modo que, el proceso de envejecimiento, debe concebirse como un proceso activo y saludable, en el cual según la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2016),  éste consiste en optimizar las oportunidades de bienestar físico, mental y social de las personas, de participar en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protección, seguridad y atención, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, y permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos, comunidades y naciones. El concepto de envejecimiento activo y saludable se aplica tanto a individuos como a grupos de población.

Cuando el envejecimiento pasa de enfocarse en un aspecto meramente individual a una condición más colectiva, puede hacerse referencia de este como un fenómeno poblacional conocido como envejecimiento demográfico. Según lo indica Pérez (1998), “el envejecimiento demográfico consiste en un cambio en la estructura por edades o, en otras palabras, en el mayor o menor peso de unas edades respecto a otras en el conjunto de la población”.

Esta situación se da, debido a que en los países ha aumentado la esperanza de vida al nacer y una disminución de las tasas de fecundidad, lo que hace que las pirámides etarias se inviertan, adelgazándose en su base y ensanchando su cúspide.

 

De acuerdo con Huenchuan (2018), no es un tema únicamente de cifras, sino que el envejecimiento poblacional trae consigo desigualdad, pobreza, agotamiento de los modelos de crecimiento económico los cuáles se hacen insostenibles, aumento del desempleo y del empleo de baja productividad. Lo que demanda mayores y mejores planificaciones y toma de decisiones para repensar el desarrollo en los territorios.

El territorio según Gross (1998), “puede ser entendido como el espacio de interacción de los subsistemas natural, construido y social, subsistemas que componen el medio ambiente nacional, regional y local. Menciona además que, el territorio no se entiende solamente como el entorno físico donde se enmarca la vida humana, animal y vegetal y donde están contenidos los recursos naturales, sino que comprende también la actividad del hombre que modifica este espacio”.

De modo que, el territorio no es una estructura física, sino que es una construcción social y cultural que está en constante transformación, debido a las relaciones existentes entre los diferentes elementos que lo componen y que generan su tejido, esto conlleva a que no es posible visualizar al territorio como algo estático, sino como un ser dinámico, inconstante, mutable.  

El desarrollo territorial, menciona Navarrete (s.f), es un “proceso de cambio progresivo, que propicia la armonía entre: el bienestar de la población, el uso del territorio, la conservación y protección de los recursos naturales, y de las actividades productivas; a efecto de lograr el mejoramiento en la calidad de vida de la población.

De manera que, si se relacionan los impactos del envejecimiento demográfico con el desarrollo de los territorios, implica que dicha transformación en la dinámica poblacional; demanda una lectura cada vez más precisa y asertiva de los entornos que conlleve a una planificación de los espacios cada vez más funcionales para las personas que lo habitan y convirtiéndose en acciones propias de la gestión del territorio.

 

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2016), en su artículo 8 menciona que el Estado debe velar por el derecho a la participación e integración comunitaria de las personas adultas mayores, por lo que, entre otras acciones, debe promover la participación de éstas en actividades  intergeneracionales para fortalecer la solidaridad y el apoyo mutuo  como elementos claves del desarrollo social así como y asegurar que las instalaciones y los servicios comunitarios para la  población en general estén a disposición, en igualdad de  condiciones para la persona mayor y tengan en cuenta sus  necesidades. Responsabilidades asumidas que deben verse reflejadas en proceso de planificación u ordenamiento del territorio.

Según se establece en la Política Nacional de Ordenamiento Territorial de Costa Rica, “el ordenamiento territorial es la expresión espacial de las políticas sociales, ambientales y económicas. Es también un ejercicio administrativo y una política de Estado, basada en la toma de decisiones coordinadas y articuladas, con el fin de garantizar un desarrollo adecuado de los asentamientos humanos, la gestión integral de los recursos naturales y el desarrollo económico en el territorio”.

De modo que, cada territorio demanda una lectura de su propia dinámica, que permita adecuar las políticas públicas para promover condiciones más acordes a las interacciones que se dan entre los diferentes actores y su entorno, en ese caso particular, las condiciones que se requieren desde la población adulta mayor, que contribuya a su buen vivir.

Según la Ley N° 7554, en cuanto al ordenamiento territorial en Costa Rica, es función del Estado, las municipalidades y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente.

 

Ángel Marissis (2005) considera el ordenamiento territorial como un instrumento de planeación, que está sujeto a los procedimientos técnicos, políticos y administrativos de la planeación que incluye actividades de diagnóstico y prospectiva territorial, formulación de objetivos, elaboración de los lineamientos estratégicos y determinación de las acciones por realizar.

Por su parte, según la Ley N° 4240, se define la planificación urbana como “el proceso continuo e integral de análisis y formulación de planes y reglamentos sobre desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, comodidad y bienestar de la comunidad”.

Siendo que el envejecimiento poblacional es un proceso constante y gradual y que tiende cada vez más a acentuarse, y considerando que el territorio es una construcción social que requiere ser planificado, demanda que dicha planificación, pueda realizarse dentro de un enfoque prospectivo que visualice y garantice en el presente, toma de decisiones que sean sostenibles, flexibles y transformables por la dinámica misma de una población cada vez más envejecida.

Sobre ello, Miklos (2007) menciona que, la planeación “prospectiva” sostiene una visión holística en lugar de parcial y desintegrada: además de aspectos cuantitativos, considera aquellos de naturaleza cualitativa, permitiendo una apreciación más completa; sus relaciones son más dinámicas y están basadas en estructuras evolutivas y no fijas o estáticas; su futuro es múltiple e incierto, su actitud hacia el futuro es activa y creativa y no pasiva o sencillamente adaptativa.

Considerando que a futuro las poblaciones estarán cada vez más envejecidas, dicha planeación prospectiva demanda considerar un enfoque gerontológico para garantizar el buen vivir de la población adulta mayor, que habitará mayoritariamente los territorios sobre los distintos escenarios sociales, económicos, políticos, ambientales, culturales, que permitan la generación de política pública ajustada a las transformaciones de los(as) habitantes del territorio.

 

De acuerdo con MIDEPLAN (2016), la política pública es un curso o línea de acción definido para orientar o alcanzar un fin, que se expresa en directrices, lineamientos, objetivos estratégicos y acciones sobre un tema y la atención o transformación de un problema de interés público.

Indica además que, la capacidad para diseñar políticas públicas está vinculada a aspectos fundamentales como la coordinación y los procesos de participación, flexibilidad para orientar y concertar las prioridades, innovación para realizar las transformaciones pertinentes, calidad para distinguir lo que es estratégico en el proceso de transformación social deseada que se busca alcanzar.

La planificación gerontológica del territorio, debido a la transformación demográfica que se está experimentando, debe enfocarse en garantizar el desarrollo humano para que las personas habitantes puedan disfrutar de manera satisfactoria de una vida saludable y en plenitud.

Sobre lo anterior, es fundamental hacer referencia a lo indicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2016, con relación al desarrollo humano el cual “comprende la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. Las personas son la verdadera riqueza de las naciones. Por lo tanto, el desarrollo implica ampliar las oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que valore. El desarrollo es entonces mucho más que el crecimiento económico, que constituye sólo un medio —si bien muy importante— para que cada persona tenga más oportunidades”.

Dicha generación de oportunidades y de capacidades en las personas, que al final se convierten no únicamente en beneficio individual, sino de aporte al desarrollo territorial, deben contemplarse de manera consciente, en todos los instrumentos de planificación del territorio a nivel nacional, regional, local con participación ciudadana que responda a las condiciones propias de sus habitantes y que permitan gestionar política pública de ordenamiento territorial que propicie el desarrollo sostenible de éste.

Dicha participación de los diferentes actores del territorio viene a ser la base de la gobernanza, según ONU Hábitat (2021), la gobernanza reconoce que el poder existe dentro y fuera de las autoridades formales e instituciones de gobierno, y que las decisiones se toman con base en las relaciones complejas entre muchos actores con diferentes prioridades. De modo que, la gobernanza urbana también se refiere a las estructuras y procesos que están diseñados para garantizar la rendición de cuentas, la transparencia, la receptividad, el Estado de derecho, la estabilidad, la equidad y la inclusión, el empoderamiento y la participación de base amplia.

Una adecuada gobernanza permite a la ciudadanía estar informada, aportar en la toma de decisiones con respecto a que la inversión púbica esté canalizada hacia proyectos según sus intereses y necesidades, hacia acciones que impacten favorablemente en el buen vivir de la población.

Según Julieta Soledispa, (2022), la base estructural del buen vivir la constituye una relación de respeto, armonía, equilibrio y cuidado con todos los seres de la naturaleza, como premisa para asegurar la vida. A su vez, el cuidado va más allá del respeto, de la armonía y del equilibrio, y está dado por la protección de las fuentes y de las formas de vida y se transversaliza en todas las relaciones de los seres humanos, es decir, en sus relaciones con los otros seres de la naturaleza, con la comunidad y con la familia. Es la “cosmovivencialidad”

En Costa Rica, los gobiernos locales, ubicados en los 84 cantones del país, son los responsables de la elaboración de dichos instrumentos de planificación local, siendo que, en el Código Municipal, en el artículo n°5, se menciona que las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local.

Los principales instrumentos de planificación territorial de los gobiernos locales son los Planes Reguladores, según la ley 4240, el plan regulador, es el instrumento de planificación local que define en un conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o suplemento, la política de desarrollo y los planes para distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales, y construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas.

En su artículo n° 16, se indica que, el plan regulador debe contener un estudio de la población, que incluya proyecciones hacia el futuro crecimiento demográfico, su distribución y normas recomendables sobre densidad a nivel cantonal.

La Nueva Agenda Urbana, hace referencia a la necesidad de un ordenamiento territorial que reconozca la importancia de la planificación con perspectiva de edad, tanto para los jóvenes como para los adultos mayores, como un componente para brindar acceso y permitir la participación de todos los grupos vulnerables en todas las áreas del desarrollo urbano.

De este modo, los instrumentos de planificación territorial deben garantizar no solo en la actualidad sino en el mediano-largo plazo el derecho a la ciudad, considerada ésta por la ONU-Hábitat, como el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna.

 

 

 

Referencias bibliográficas

 

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